Durante años, los trabajadores autónomos han venido reclamando una equiparación efectiva con los trabajadores por cuenta ajena en materia de protección social (la cobertura de las bajas, el paro del autónomo, etc.).

Si el Estatuto del Trabajo Autónomo ya fijó unas reglas equitativas, las últimas medidas adoptadas por el legislador han extendido a todos los autónomos una serie de  garantías, al hacer obligatorias todas las cotizaciones que antes eran voluntarias, de las que hoy nos interesa especialmente la prestación por cese de actividad -o el mal llamado “paro del autónomo”-.

Esta materia está regulada principalmente por dos normas:

  • Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Disposición final segunda que modifica el TRLGSS.
  • Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, que desarrolla el sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. (BOE nº 263 de 1 de Noviembre de 2011).

El propósito de la prestación por cese de actividad es cubrir las situaciones de finalización de la actividad de los trabajadores autónomos provocadas por una circunstancia en todo caso involuntaria y que debe ser debidamente justificada para acceder a la correspondiente prestación económica.

Hay que resaltar que el motivo del fin de la actividad ha de ser involuntario – de la misma forma que una persona asalariada debe ser despedida para tener derecho a “cobrar el paro” – y que debe probarse para poder acceder a la compensación económica.

Los requisitos para el nacimiento del derecho a la protección son:

  1. Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA).
  2. Tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad, que debe haberse efectuado en los 48 meses anteriores al cese y de manera continuada en al menos los 12 meses justamente anteriores al cese.
  3. Encontrarse en situación legal de cese de actividad, suscribir el compromiso de actividad y acreditar disposición activa para reincorporarse al mercado de trabajo
  4. No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión de jubilación, salvo que no se tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello.
  5. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Si no se cumple este requisito en la fecha del cese de actividad pero se tiene cubierto el periodo mínimo de cotización que da derecho a la prestación, hay un plazo de treinta días naturales para ingresar las cuotas debidas, el llamado periodo de “invitación al pago”.

Pero ¿qué se entiende por situación legal de cese de actividad?

La ley establece que se encontrarán en situación legal de cese de actividad todos aquellos trabajadores autónomos que cesen en el ejercicio de su actividad por alguna de estas causas:

  1. Por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos. Es decir, cuando confluya alguna de las circunstancias siguientes:

1.º Pérdidas superiores al 10 por ciento de los ingresos obtenidos en el desarrollo de la actividad en un año completo. NO se computa el primer año de inicio de la actividad.

2.º Ejecuciones judiciales o administrativas tendentes al cobro de las deudas reconocidas, que comporten al menos el 30 por ciento de los ingresos del ejercicio económico inmediatamente anterior.

3.º La declaración judicial de concurso.

  1. Por fuerza mayor.
  2. Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un requisito para el ejercicio de la actividad y no venga motivada por la comisión de infracciones penales.
  3. La violencia de género.
  4. Por divorcio o separación matrimonial, mediante resolución judicial, en los supuestos en que el autónomo ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su excónyuge o de la persona de la que se ha separado, en función de las cuales estaba incluido en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social.

En el caso de los trabajadores autónomos económicamente dependientes se consideran situaciones legales de cese de actividad:

  • La terminación de la duración convenida en el contrato o finalización de la obra o servicio.
  • El incumplimiento contractual grave del cliente, debidamente acreditado.
  • La rescisión de la relación contractual por parte del cliente, tanto justificada como injustificadamente.
  • La muerte, incapacidad temporal o jubilación del cliente, cuando impida la realización de la actividad.

El trabajador autónomo económicamente dependiente (Trade) es aquel trabajador autónomo que realiza su actividad económica o profesional para una empresa o cliente del que percibe al menos el 75% de sus ingresos.

A lo largo de los años, nuestros asociados nos han venido comentando las dificultades que han tenido para conseguir la aprobación de la prestación por cese de actividad, ya que los requisitos son muy rigurosos y las mutuas, que son las encargadas de la gestión, hacen una interpretación muy restrictiva de la norma. Por eso vamos a detenernos a estudiar un poco más despacio la forma de acreditar el cese por motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos, que suele ser la causa más habitual del cierre de nuestros establecimientos:

Iniciamos el procedimiento con la presentación de la solicitud de prestación ante la mutua que nos corresponda. Tenemos que comunicarle nuestros datos; los modelos los facilita la propia entidad.

A efectos de comprobación, presentaremos copia del DNI, del libro de familia, un informe de la TGSS de bases y cuotas ingresadas (así se puede ver cuantos meses y cuando se ha pagado la cotización por cese), y un certificado de la TGSS de estar al corriente de pago. Con todo esto pueden verificarse los requisitos de edad, afiliación y cotización.

También tenemos que hacer entrega de un certificado de situación censal (modelo 036 ó 037)  o de un certificado de baja en el IAE, la comunicación de baja en el RETA y la demanda de empleo o compromiso de actividad que justifique que estamos parados pero en disposición de buscar empleo.

Nos dice la ley que el cese de actividad se acreditará mediante una declaración en la que se haga constar la causa del mismo acompañada de la documentación que le sirva de fundamento y acredite el motivo alegado. Algunas mutuas facilitan un modelo de declaración jurada en donde explicamos detalladamente cual es la razón del cese. Hemos de tener en cuenta que nuestro relato facilita mucho el trabajo a las personas que evalúan nuestro expediente, por lo que hemos de ser ordenados y minuciosos, numerando los elementos de prueba.

¿Cuál es la documentación acreditativa?

Lo que queremos probar son pérdidas económicas. Si estamos en el régimen de estimación directa, presentaremos los modelos 130 y 303. El modelo 130 es una declaración trimestral de ingresos y gastos por la cual los autónomos van pagando anticipos del 20% a cuenta de su declaración de la renta. El 303 consiste en la declaración del IVA, por el que se debe pagar a Hacienda trimestralmente la diferencia entre el IVA repercutido en las facturas de ventas y el IVA soportado en las facturas de gastos. Estos impuestos permiten conocer el rendimiento del negocio durante el ciclo fiscal, por eso se configuran como un elemento de prueba esencial.

Si estamos en el régimen de estimación objetiva (módulos), la actividad probatoria se complica extraordinariamente ya que el modelo 131 que presentamos trimestralmente se trata de un adelanto a cuenta del IRPF calculado en base a unos datos como, por ejemplo, los metros cuadrados de nuestro local, electricidad contratada, personal asalariado, número de vehículos…, con lo que no se puede apreciar el volumen de ingresos y gastos que hemos tenido en cada periodo. En este caso, la ley permite presentar la documentación contable que confeccione el trabajador autónomo, en la que se registre el nivel de pérdidas exigido y demás documentos preceptivos que, a su vez, justifiquen las partidas correspondientes consignadas en las cuentas aportadas. En todo caso, las partidas que se consignen corresponderán a conceptos admitidos en las normas que regulan la contabilidad. En otras palabras, será necesario que hayamos llevado una contabilidad de pérdidas y ganancias y que hayamos conservado nuestro libro de facturas.

Pueden aportarse también los contratos mercantiles que se hayan firmado con proveedores y su resolución por parte de los mismos, indicando en la declaración de cese que la finalización de la relación contractual por el proveedor nos ha causado un perjuicio económico grave al no poder hallar las mismas condiciones ventajosas en otro proveedor.

Tanto en el caso de estimación directa como en el de estimación objetiva, podemos aportar también el modelo 347 de operaciones con terceras personas. Es una declaración informativa que cada año deben presentar todos los autónomos y pymes que hayan realizado operaciones con proveedores o clientes que en su conjunto superen los 3.005,06 euros, lo que en algunos casos puede justificar el descenso de compras a proveedores o de adquisiciones por parte de terceros.

El modelo 111 es la declaración que utilizan empresas y autónomos para pagar las retenciones de IRPF de las nóminas de sus trabajadores y facturas de profesionales; si hemos tenido que despedir a algún trabajador por motivos económicos, organizativos, técnicas o de producción aportaremos también la carta de despido y la baja en la Seguridad Social (Modelos TA2 y TA2 simplificado).

En el modelo 100, la conocida “declaración de la renta”, se apreciarán todos los detalles de los rendimientos de las actividades económicas.

Nos dice la ley que el trabajador autónomo podrá formular su solicitud aportando datos estimados de cierre, al objeto de agilizar la instrucción del procedimiento, e incorporará los definitivos con carácter previo al dictado de la resolución.

En los casos de establecimiento abierto al público, como es el nuestro, deberá quedar acreditado también el cierre del mismo. Para ello aportaremos:

  1. a) Documentación acreditativa del cese en el suministro y consumo de servicios inherentes al desarrollo de la actividad realizada en el establecimiento, tales como agua y electricidad.
  2. b) Documentación acreditativa de la extinción, cese o traspaso de las licencias, permisos o autorizaciones administrativas que fueran necesarios para el ejercicio de la actividad.
  3. c) Documentación acreditativa de la situación de baja como sujeto pasivo de las obligaciones fiscales devengadas como consecuencia del ejercicio de la actividad en el establecimiento.
  4. d) Documentación acreditativa del cese en la titularidad de la propiedad, alquiler, usufructo, traspaso o cualquier otro derecho que habilitara al ejercicio de la actividad en el establecimiento (contratos, modelo 115, etc.).

Se debe de tener en cuenta que cada caso es particular, por lo que una vez revisada la documentación mencionada puede ocurrir que se nos requieran más justificantes.

Recapitulando, debemos presentar:

– Solicitud prestación por cese de actividad (facilitado por la mutua) (RD 1541/2011 art. 11.2)

– Comunicación original de datos al pagador (facilitado por la mutua)

– Declaración jurada (facilitado por la mutua)

– DNI (a efectos de comprobación)

– Libro de familia (a efectos de comprobación)

– Demanda de empleo o Compromiso de actividad (RD 1541/2011 2.1e)

– Informe de la TGSS de bases y cuotas ingresadas

– Certificado de TGSS de estar al corriente de pago (RD 1541/2011 2.1g)

– Comunicación baja en el régimen correspondiente (RD 1541/2011 2.1.b)

– Certificado de baja del Impuesto de Actividades Económicas (IAE)

– Declaración rendimientos de actividades económicas (facilitado por la mutua)

–  Declaración Censal (Mod. 36 o Mod. 37)

– Pago Fraccionado del IRPF (mod. 130) de los trimestres declarados

– Modelos 303 y 390 Declaración trimestral o anual de IVA

– Facturas emitidas y recibidas que justifiquen las cantidades declaradas. Contabilidad

– Contratos mercantiles de suministro y su resolución.

– Copia de la Declaración del IRPF (mod. 100) en el momento de la presentación del impuesto

– Modelo 347 Declaración anual de operaciones con terceros

– Modelos 111 y 190 Autoliquidación y Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de IRPF

– Cartas de despido de los trabajadores, bajas en la Seguridad Social (Mod. TA2/S  y  TA2/S-Simplificado)

– Modelo 115 y 180 Autoliquidación y resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarriendo de inmuebles urbanos.

– Baja en los recibos de suministro de luz, agua, teléfono, etc. del local

– Extinción o traspaso de licencias administrativas

– Fin de los contratos de alquiler, usufructo, contrato de venta o traspaso del local