El pasado mes de Diciembre fueron publicadas una serie de medidas urgentes para replantear la regulación de la venta a pérdida en el comercio minorista. En concreto, se modificó la Ley 7/1996 de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista y se derogó su normativa de desarrollo.

¿De qué estamos hablando? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó en 2017 una sentencia que declaraba que no puede haber prohibiciones generales de ofertar o realizar ventas a  pérdida; los Estados miembros deben acatarla por ser de obligado cumplimiento.

Como la regulación vigente hasta ahora sobre este tema no se adaptaba a las exigencias de esta directiva, ha habido que reformarla. Así, ya no se establece una prohibición general de venta a pérdida, aunque sí determinadas limitaciones sobre prácticas desleales.  Desaparece también la automaticidad de las sanciones y la carga de la prueba recae ahora sobre la Administración, que para poder sancionar debe acreditar que la venta a pérdida incurre en uno de los supuestos que se recogen de forma taxativa en la Ley.

¿Cuándo se considera que hay venta a pérdida?

  • Cuando el precio de un producto sea inferior al de adquisición según factura (deduciendo en su caso la parte proporcional de los descuentos que figuren en ella)
  • Cuando el precio de venta sea inferior de al de reposición
  • Cuando el precio sea inferior al coste de producción si el artículo ha sido fabricado por el propio comerciante, contando con las cuotas de los impuestos que recaigan sobre la operación.

Las ventas con pérdida se considerarán desleales cuando:

  • puedan inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos del mismo establecimiento
  • puedan desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno
  • formen parte de una estrategia para eliminar a un competidor
  • puedan inducir a error a los consumidores a través de información falsa sobre el precio o sobre una ventaja específica con respecto al mismo que les haya hecho tomar la decisión de comprar algo que de otro modo no hubieran comprado

Las Comunidades Autónomas podrán decidir cómo organizar las inspecciones de consumo y/o comercio, y serán los jueces los que determinen, caso por caso, si se utiliza como práctica desleal o anticompetitiva.

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies